SIERRA GRANDE.- El Superior Tribunal de Justicia de la provincia tiene 10 días para responder a un amparo colectivo que presentó el municipio para que de una vez por todas el Instituto Provincial para la Vivienda resuelva la situación de la escalera 25 del barrio 9 de julio.
La presentación la realizó hace una semana el abogado Pedro Casariego, en calidad de apoderado del municipio, ante el Superior Tribunal de Justicia para que el IPPV actúe urgente en función de la compleja situación de un edifico del barrio 9 de julio y ante el expreso pedido del Intendente Municipal Nelson Iribarren y del Presidente del Concejo Municipal Daniel Gutiérrez.
En esta escalera varias familias padecen el constante desmoronamiento del módulo, aguas servidas y cloacas tapadas entre otros problemas.
El amparo es en defensa de los derechos de todos los habitantes de la Escalera 25 del Barrio 9 de Julio, contra el IPPV organismo, constructor y propietario del mencionado plan de viviendas.
El municipio solicitó que el organismo de la vivienda provincial proceda a realizar todas las tareas y medidas necesarias para la reparación y estabilización de la escalera, previo desalojo de los departamentos a fin de evitar riesgos reales de seguridad para la habitabilidad del grupo de personas que allí viven.
Debiendo el IPPV arbitrar los medios necesarios para salvaguardar la calidad de vida del grupo de humanos que allí habitan, reubicándolos adecuadamente hasta tanto los trabajos de reparación y estabilización de la escalera 25 se encuentren concluidos o se les otorguen nuevas unidades habitacionales en el caso de que no haya otra solución que derribar la edificación.
Ahora y desde este lunes el Juez Victor Sodero Nievas, dio 10 días par que el IPPV se expida.
