 |
| Las tierras fiscales otorgadas por el estado en la mira (Foto PLP) |
VIEDMA.- La Legislatura de Río Negro aprobó en la última sesión el proyecto de Ley que crea la Comisión de Investigación y Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales en Río Negro, que incluso podrá revisar la adjudicación de aquellas propiedades sobre las que pesan denuncias penales.
La iniciativa fue presentada por el legislador del Bloque Alianza Concertación para el Desarrollo, Adrián Casadei.
La Ley permitirá requerir a las autoridades registrales de la provincia todos los antecedentes dominiales y catastrales de las transferencias de tierras pertenecientes al Estado Provincial y cada uno de ellos de poner inmediatamente a disposición de la Comisión toda la información y documentación que se le solicite”.
Casadei indicó que sus integrantes “podrán requerir a la Inspección General de Justicia de la Nación, y a todo registro de personas jurídicas en el ámbito nacional, los antecedentes societarios de las personas de existencia ideal involucradas en la adquisición de tierras fiscales de la provincia”.
Además permitirá “requerir a las autoridades judiciales de la provincia la totalidad de las actuaciones vinculadas con denuncias penales que tengan relación con transmisión dominial de tierras públicas”.
En ese sentido la comisión “podrá citar a los denunciantes que adviertan presuntas irregularidades en la venta o compra de tierras rurales de dominio del Estado Provincial a fin de que brinden información al respecto”.
Se indica que a partir de la publicación de la Ley, durante los seis meses siguientes se elaborará “un informe detallado de las transferencias de tierras rurales que hayan pertenecido a la Provincia de Río Negro, con precisiones jurídicas acerca de la eventual nulidad de dichas transferencias y determinando la posibilidad de formular los respectivos reclamos judiciales, observando especialmente para ello los parámetros establecidos en la ley Nº 279.
La Comisión de Investigación y Relevamiento “deberá remitir a la Fiscalía de Estado de la provincia el informe mencionado a fin de que el Fiscal de Estado evalúe la posible comisión de delitos de acción pública y, en su caso, inste la respectiva acción penal y/o la validez de dichos actos jurídicos promoviendo la acción civil correspondiente”.
Casadei aclaró que también “elevará al gobernador y al presidente de la Legislatura el informe redactado a fin de evaluar la posibilidad de declarar la utilidad pública de las tierras transferidas y la conveniencia de someterlas al procedimiento establecido por la ley general de expropiaciones”.
El legislador radical aclaró que “se suspenderán por 6 meses a partir de la sanción de la ley, todas aquellas transferencias de tierras fiscales que se encuentre en trámite”.
La Comisión deberá estar integrada por siete legisladores que representen en forma proporcional la composición de la Legislatura y tres integrantes del Poder Ejecutivo, que serán designados directamente por el gobernador.
