VIEDMA.- Fue homologado por el Superior Tribunal de Justicia el acuerdo transaccional que lograron el 5 de abril pasado el IPPV y la Municipalidad de Sierra Grande para solucionar el estado de habilitabilidad de los vecinos de la escalera 25.
Por esta situación, el apoderado del municipio serrano Pedro Casariego, inició una acción de amparo colectivo contra el IPPV para lograr la defensa de los derechos de los habitantes de la escalera 25 del barrio 9 de Julio, del “Plan de 300 Viviendas Alborada VI”.
El abogado requirió que se condene al IPPV a que en forma inmediata proceda a realizar todas las medidas necesarias para la reparación y estabilización de la escalera 25, previo desalojo de los departamentos, a fin de “evitar riesgos reales de seguridad para la habitabilidad del grupo de personas que allí viven”.
La respuesta del IPPV fue que ninguno de los vecinos que habitan la escalera son propietarios dominiales y que el IPPV “ha omitido mantener y custodiar sus bienes”.
El acuerdo
En las últimas semanas las partes acordaron que para atender las urgencias se gestionará ante los Ministerios de Hacienda y de Familia un fondo para atender los gastos que demande el proceso y que los trámites estarán a cargo del IPPV y Fiscalía de Estado, siendo responsable de su ejecución el municipio de Sierra Grande.
Por su parte, el IPPV puso de manifiesto en su oportunidad que si de los informes técnicos se determinara que el complejo habitacional debe ser demolido “se atendrá a ello o bien si las reparaciones tienen un costo que superan la construcción de un complejo de iguales características, también ha de ser demolido.
