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| La legisladora de Sierra Grande opinó de la ley de disponibilidad |
" Tocar la estabilidad de los trabajadores del estado no es una medida de ajuste plausible. El trabajador no debe ser la variable de ajuste; el gobierno se equivoca entrando “a las patadas” en este nuevo periodo, tratando de disciplinar al empleado público, ejerciendo un pseudo autoritarismo que dimana de la mayoría parlamentaria que detenta, sin tener en cuenta las opiniones disonantes que enriquecen el ejercicio democrático", lamentó la diputada provincial de la CC-ARI.
La parlamentaria de la CC-ARI, Magdalena Odarda, consignó que "Quiero dejar sentado mi desacuerdo ante la propuesta de ley de declaración del estado de emergencia institucional, económica, financiera, administrativa y social del sector público provincial, remitido por el Poder Ejecutivo Provincial a la legislatura, que pone en "disponibilidad" a todos los agentes públicos sin distinción alguna".
"En este sentido acompaño el reclamo de las organizaciones gremiales, y junto con ellas considero que el trabajador que desempeña funciones para el Estado debe ser protegido, y quien no cumple con función alguna deberá ser reubicado o eventualmente cesanteado e indemnizado. Pero esta propuesta de ley es demasiado grande, demasiado abarcativa ya que incluye a 20.000 empleados públicos, sembrando gran desconcierto en quienes llevan su labor con responsabilidad", indicó la Legisladora Odarda.
Además, agregó: "La tarea del gobierno de reducir el gasto público no debe comprometer la estabilidad del trabajador público. El gobierno sabrá cuáles son los rubros en los que se eroga innecesariamente, pero tocar la estabilidad de los trabajadores del estado no es una medida de ajuste plausible. El trabajador no debe ser la variable de ajuste".
No hay que dejar pasar que, al desconcierto e inseguridad de los trabajadores, se suma la preocupación por la actitud negativa que sigue sosteniendo el gobierno que acaba de asumir; es la actitud confrontativa, vengativa y, por cierto, soberbia que prevalece en los espacios de gobierno. Esta situación, más allá de la aparente trasparencia que se busca, genera sospechas en los trabajadores que temen ser injustamente removidos, cambiados de lugar, con achiques en sus haberes o reducción de funciones, o cesanteados con excusas injustas.
Creo que el gobierno se equivoca entrando “a las patadas” en este nuevo periodo, tratando de disciplinar al empleado público, ejerciendo un pseudo autoritarismo que dimana de la mayoría parlamentaria que detenta, sin tener en cuenta las opiniones disonantes que enriquecen el ejercicio democrático. Se olvida que, al fin y al cabo, el poder lo tiene el pueblo, el trabajador, a quien le debe -con respeto indiscutible a los derechos fundamentales-, una acción prudente y justa.
PRENSA BLOQUE CC-ARI RIO NEGRO
